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El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación de los no comunitarios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

By 23 marzo, 2018 No Comments

A pesar de que desde 1994 el Tratado de Maastricht estableciera que los efectos a la libre circulación de capitales debían extenderse a los “terceros países” (países no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo) y no sólo a los movimientos de capitales entre Estados miembros, España no modificó su normativa interna hasta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12, la condenara por la discriminación que recibían los ciudadanos comunitarios en relación con el Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones ya que no se les permitía aplicar las reducciones/deducciones de las Comunidades Autónomas viéndose abocados a aplicar la normativa estatal y a pagar el Impuesto a la Hacienda Estatal.

Como consecuencia de la citada sentencia del TJUE, desde el 1 de enero de 2015, la normativa española permite a los residentes comunitarios aplicar los beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma, siempre y cuando exista algún tipo de conexión, pero no así para los residentes en “terceros países”.

Sin embargo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 242/2018, de 19 de febrero de 2018, que motiva este artículo, ha puesto fin a esta situación ya que ha eliminado el trato fiscal distinto que recibían los residentes no comunitarios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que les impedían aplicar los beneficios fiscales de las distintas Comunidades Autónomas, obligándoles a aplicar la normativa estatal.

Para ilustrar la situación sirva el siguiente ejemplo: un residente en la Comunidad Autónoma de Madrid fallece, dejando como herederos a sus dos hijos. Uno reside en EEUU mientras que el otro es residente en Francia. Pues bien, hasta la reciente Sentencia del Supremo, este último podía aplicar los beneficios fiscales previstos en la Comunidad Autónoma de Madrid, sin embargo, su hermano no tenía la oportunidad de hacerlo por el mero hecho de no residir en la UE. Situación palmariamente injusta.

Pues bien, la Sentencia del Supremo que acabamos de citar viene a eliminar la discriminación que acabamos de relatar ya que dicta que la Sentencia del TJUE de 2014 también amparaba a los residentes de “terceros países” a pesar de la interpretación restrictiva que hizo el legislador español. En consecuencia, equipara el trato fiscal en las sucesiones y donaciones extracomunitarias.

A la luz de la Sentencia del Supremo, quienes hubieran liquidado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando ostentaban la condición de residentes en un “país tercero”, es decir, fuera de la UE, se les abre ante sí la posibilidad de, bien solicitar la devolución de ingresos indebidos, si no ha prescrito el derecho para ello (cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto), bien plantear recurso extraordinario de revisión en caso de que se haya producido la prescripción.