Tras no ser convalidado por el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, hoy, 6 de marzo, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor el nuevo Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, 1 de marzo.

El citado Real Decreto Ley modifica, entre otras, dos normas de carácter tributario: El Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) y el Real Decreto Legislativo 1/1993 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITPAJD), que serán las que vamos a comentar a continuación.

Ley Reguladora de Haciendas Locales

Las medidas que introduce el Real Decreto Ley 7/2019 al TRLRHL afectan, concretamente, a la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y serían las siguientes:

  • Eliminación de la obligación de repercutir el IBI en vivienda social. Hasta hoy, el inquilino que residía en una vivienda pública tenía que hacer frente al pago del recibo del IBI correspondiente a la vivienda.
  • Se incorpora a la norma una definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los ayuntamientos del recargo en el IBI previsto en el TRLRHL.
  • Los ayuntamientos tendrán la posibilidad de establecer, mediante ordenanza fiscal, una bonificación en la cuota del IBI de hasta el 95% para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
  • Los ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Se establece la exención en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto, a los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

Por otra parte, el Real Decreto Ley 7/2019 prevé la creación, en el plazo de 8 meses, de un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda, elaborado por la Administración General del Estado a partir de los datos procedentes, entre otros, de la AEAT, del Catastro Inmobiliario y del Registro de la Propiedad. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán definir su propio índice de referencia.

Los objetivos que perseguiría el sistema de índices serían:  Garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado, aplicar políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y facilitar la aplicación de medidas de política fiscal.

Por último, señalar que el Real Decreto Ley 7/2019 deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, trámite para el que, en principio, el Ejecutivo socialista cuanta con el apoyo de aquellos que votaron favorablemente a la moción de censura a Mariano Rajoy, el pasado mes de junio.

Desde Gestiona-t estamos a tu disposición para comentar las medidas fiscales que ha introducido el Real Decreto 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.